El intento de Gerardo Sánchez Zumaya por convertirse en coordinador territorial de Morena en San Luis Potosí terminó en un rotundo revés. El partido rechazó su registro en medio de los señalamientos que lo vinculan con presuntas operaciones relacionadas con el huachicol, lavado de dinero y contratos irregulares con Petróleos Mexicanos, antecedentes que generaron un fuerte rechazo entre militantes del movimiento.
Diversas voces al interior de Morena consideraron que la incorporación del empresario habría contradicho los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, además de representar un alto costo político para el partido rumbo al proceso electoral de 2027. Su historial y la polémica que lo rodea fueron factores que pesaron en la decisión de impedir su participación.
Sin espacio en Morena, Sánchez Zumaya encontró refugio en el Partido del Trabajo, donde fue recibido por la dirigencia nacional encabezada por Alberto Anaya. La fotografía difundida junto al líder petista fue interpretada como la confirmación de que el PT está dispuesto a abrirle las puertas pese a la controversia que acompaña al empresario.
El caso ha reavivado el debate sobre los filtros éticos en los partidos políticos y sobre el riesgo de postular perfiles cuya reputación pública se encuentra marcada por investigaciones, denuncias y constantes señalamientos que continúan afectando su credibilidad.
